El anuncio fue hecho en una rueda de prensa en la que participaron el coordinador federal de Policía de la FSC-CCOO, Ramón Ordóñez; la secretaria de los Sectores de Administración Autonómica, Local y Servicios a la Comunidad de la FSP-UGT, Joana Mor; el vicepresidente nacional de CSI-F en el Sector de Administración Local, Rafael Ruiz; el portavoz de la Coordinadora de Policía (COP), Juan Luis Amaro, y el portavoz de la Confederación de Seguridad Local (CSL), Manuel Jesús Villa.
Los representantes sindicales dejaron claro su propósito de plantar cara al Gobierno y a los ayuntamientos en el caso de que no sean atendidas sus peticiones, al tiempo que subrayaron que sus demandas están encaminadas a rejuvenecer los recursos humanos de las administraciones públicas y a mejorar la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos.
Los sindicatos reclaman desde hace más de ocho años el adelanto de la edad de jubilación para policías locales y autonómicos y, recientemente, han firmado una declaración institucional conjunta en la que reclaman un derecho del que ya disfrutan decenas de miles de policías autonómicos, guardias civiles, policías nacionales e incluso bomberos.
En el citado manifiesto, las centrales aseguran que la medida no supondrá coste alguno para las arcas públicas, ya que serán los propios afectados quienes, con el aumento de la cotización a la Seguridad Social, sufragarán una medida que, por otra parte, cumplirá con lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público.
En este sentido, el representante de CCOO, Ramón Ordóñez, explicó que para afrontar una medida de esta naturaleza lo prioritario es hacer un estudio sobre el número de policías locales y autonómicos existentes en España para, posteriormente, calcular los coeficientes reductores que hay que aplicar.
Tras insistir en que un policía envejecido es un riesgo para su propia seguridad en el trabajo y para una eficaz protección de los ciudadanos y de sus bienes, los sindicatos aseguraron que el adelanto de la edad de jubilación requeriría, en los próximos cinco años, de la incorporación de unos 4.000 nuevos agentes, con lo que se favorecería la creación de empleo, sin que ello afectara a la “hucha” de las pensiones ni al Pacto de Toledo.