El sindicato de la Policía Local pide más agentes y el CEP, el cese del subdelegado.
Los representantes sindicales de los cuerpos de seguridad de Lucena han alzado sus voces contra sus representantes políticos. Por un lado, la Unión Sindical de Policía Local y Bomberos (Uspll) ha demandado más agentes municipales al Ayuntamiento. Por otro lado, la Confederación Española de Policía (CEP), a través de su secretario general nacional, Ignacio López, ha pedido la dimisión del subdelegado del Gobierno en Córdoba, Jesús María Ruiz, por la situación en la que se encuentra la comisaría Lucena-Cabra.
El secretario general del colectivo de policías locales ha demandado “un aumento de la plantilla lucentina”, que ronda actualmente los 60 agentes, y la posibilidad de obtener una jubilación anticipada a los 59 años, “tal y como sucede en la Guardia Civil y la Policía Local”. El sindicato, que celebró ayer en Lucena una asamblea provincial, insistió en que “la Policía Local no es chicle”, por lo que “no existe plantilla que pueda soportar todas las competencias municipales de seguridad ciudadana con plantillas pequeñas”. El responsable de este sindicato en Lucena, Antonio Ramírez, recordó que para 2009 el Ayuntamiento ha previsto un aumento de nueve efectivos en la plantilla policial, correspondientes a la convocatoria de 2007, y otros seis más para 2010.
Por otra parte, la Confederación Española de Policía advirtió ayer que si no se soluciona” el problema de personal de la comisaría Lucena-Cabra “habrá movilizaciones en Córdoba y su provincia”. Según la CEP, el subdelegado “acusó el martes a la confederación policial de mantener una actitud irresponsable”, después de que el sindicato advirtiese de que sólo una patrulla de la Policía Nacional vigilaría los términos municipales de Lucena y Cabra durante el verano por la carestía de personal en la plantilla de la comisaría del sur de Córdoba.
En este sentido, el sindicato policial se ha reiterado en “la grave situación que se padece ante el número insuficiente de efectivos policiales” en la zona, algo “que se agrava en verano” para cubrir a una población de más de 65.000 habitantes. Además, la CEP ha añadido que estas reclamaciones “no sólo parten de los profesionales de la seguridad pública, sino de sus propias corporaciones locales”.