La guerra entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía no cesa. La alcaldesa, Teófila Martínez, anunció ayer que la Policía Local dejará el próximo 12 de enero de prestar el servicio de vigilancia en el reparto de metadona. Esta actuación se lleva a acabo a diario en siete centros de salud de Cádiz. El motivo es, según la regidora, «porque el Consistorio ya no puede atender más este trabajo».
Este servicio se estrenó en Andalucía en 1990 y llegó a Cádiz en enero de 1996. La custodia era entonces compartida por agentes locales y Policía Nacional. Sin embargo, el tándem se rompió en 2005 cuando, la Subdelegación de Gobierno relegó del servicio de custodia a la Policía Nacional.
Dos agentes municipales trasladan cada mañana en un vehículo policial una maleta con las dosis solicitadas por los centros sanitarios. En el ambulatorio custodian la maleta y vigilan que no se produzca ningún incidente.
Al año, la Policía Local realiza 273 servicios con el que se atiende a unas 1.000 personas. El coste anual del mantenimiento de este programa asciende a los 360.000 euros.
La Junta de Gobierno local aprobó el 22 de noviembre de 1995 una propuesta de la Delegación de Policía Local que daba cuenta de una petición de la Dirección del Centro Provincial de Drogodependencias solicitando «la colaboración activa de la Policía Local y la Policía Nacional» en el programa de metadona. El objetivo era aumentar los puntos de dispensación para hacer desaparecer las listas de espera de pacientes que deseaban entrar en el programa. Además, el compromiso añadía que el servicio fuese prestado por vigilancia privada.
El diciembre de 2004 el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Sebastián Saucedo, dirigió un escrito al Ayuntamiento en el que informó que en enero de 2005 la Policía Nacional iba a dejar de prestar el servicio de custodia de la metadona. Semanas después, la Junta local de Seguridad hizo el mismo anunció, aunque éste último no se cumplió.
El 29 de abril de 2005 la Policía Local solicitó a la Junta de Gobierno local que requiriese al Gobierno andaluz la aplicación de forma inmediata del preacuerdo alcanzado con el Ayuntamiento sobre que el reparto de la metadona fuese realizado por vigilantes privados. Un borrador de este acuerdo de colaboración entre ambas instituciones -firmado el 18 de marzo- asegura, según el SAS, que «el Ayuntamiento de Cádiz no quiere aceptar» las reglas. Entre las propuestas, la Delegación de Salud estableció el abono, por parte del SAS, de una subvención al Consistorio como contribución a los gastos derivados de los programas específicos de colaboración.
Actuación del SAS
El anuncio realizado por la alcaldesa de la suspensión de la custodia de la metadona en los centros de salud cogió ayer por sorpresa a la Delegación provincial de Salud. Desde la Administración han recordado su «voluntad firme de establecer un acuerdo global en materia sanitaria con soluciones específicas sobre esta cuestión con el Ayuntamiento de Cádiz». No obstante «se está trabajando desde hace un algún tiempo en fórmulas alternativas».
Sin embargo, y según la Delegación de Salud, «si la opción municipal es suspender el servicio de forma unilateral en lugar de trabajar por buscar fórmulas alternativas, se advierte que de producirse un problema de orden público habrá de asumir responsabilidades».