El Sindicato de Policía Local ha exigido por enésima vez a la alcaldesa mediante carta que exonere a este cuerpo de funcionarios del servicio de dispensación de metadona a pacientes ex heroinómanos en los centros de salud, después de doce años desempeñándolo con coste exclusivo a las arcas municipales.
El sindicato recuerda a Teófila Martínez que en enero de 2005 anunció públicamente que retiraría a la Policía Local de este menester, en un plazo de dos meses.
Sin embargo, ya han transcurrido casi tres años y una pareja de agentes de este cuerpo municipal sigue encargándose de la custodia de la sustancia sustitutiva de la heroína hasta y dentro de los centros de salud.
Nada se sabe del convenio comprometido por el delegado provincial de Salud, Hipólito García, para que la Junta o bien sufragara este servicio o bien lo dejara en manos de seguridad privada. En el sindicato creen que el delegado se ha estado riendo descaradamente de la alcaldesa.
De hecho, en el SPL recuerdan que antes de pasar a sus manos se encargaba de esta tarea la Policía Nacional. El subdelegado la retiró del servicio sin contemplaciones y en el sindicato se preguntan por qué la alcaldesa no puede hacer lo mismo.
El SPL cree que la solución pasa por la fórmula ya adoptada en otras capitales de concentrar toda la dispensación de metadona en el centro de drogodependencia de referencia en la ciudad. Y custodiada por vigilancia privada.
Allí está el personal adecuado en caso de emergencia. La Policía asegura que a veces el paciente sólo porque llega tarde y los agentes ya han recogido la sustancia monta un gran alboroto en el mismo centro de salud, lo que constituye una fuente de inseguridad para el resto de usuarios y para el personal sanitario. En la misma provincia, en Chiclana, ha habido numerosos problemas por esta cuestión.
Pero todo esto son propuestas y, de momento, ninguna de las autoridades implicadas en la materia parece demasiado predispuesta a propiciar un cambio en este servicio, por otra parte, imprescindible.
El SAS siempre se ha pertrechado de sólidos argumentos para no asumir el traslado y custodia de la sustancia. Así, aduce que este programa de mantenimiento de metadona se extiende más allá del ámbito sanitario y abarca aspectos sociales que hicieron imprescindible ponerlo en marcha sobre la colaboración de distintas administraciones.
Pero en el SPL creen que el Ayuntamiento ya ha estado demasiado tiempo asumiéndolo. E insisten en que la utilización de una pareja diariamente para el desempeño de esta función supone un detraimiento de efectivos para otros servicios ordinarios que la ciudad, dado el déficit de funcionarios policiales que padece, no se puede permitir.
Argumentos, como se ve, los hay de todos los gustos. Pero quien tiene la palabra en este asunto, es decir, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, parece optar por mantener el silencio y no demasiado dispuesta a abrir un frente de confrontación con la Junta de Andalucía por un asunto que, al parecer, molesta principalmente a quien más directamente lo viven: los policías locales.
Fuente: Cádiz Información (4/10/2007)