La guerra entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía por la custodia de la metadona sigue su curso. El equipo de Gobierno local arremetió ayer duramente contra el delegado provincial de Salud, Hipólito García, al que acusó de “discriminar” a la ciudad.
Desde el Consistorio preguntaron al responsable autonómico “por qué Cádiz es la única capital de provincia de Andalucía en la que la Policía Local se ocupa de repartir la metadona por los centros de salud”, y si en las siete capitales restantes “los posibles problemas de orden público a consecuencia de esta actividad son responsabilidad de los ayuntamientos”.
En este sentido, el equipo de Gobierno esgrime que lo que solicita “no es fruto de ansias de confrontación política, sino de apelar a la responsabilidad política y social, la misma que no quiere asumir el señor García”, y que la actual situación “es la prueba evidente de la discriminación que tiene la Junta con Cádiz, en esta ocasión una discriminación legal”.
El Ayuntamiento también denuncia “la desvergüenza política sin precedentes de Hipólito García”, al pretender atribuir al Gobierno local la responsabilidad de lo que pueda suceder a partir del 12 de enero, cuando la Policía Local deje de prestar un servicio que lleva efectuando desde enero de 1996. Es más, “durante estos doce años, la responsabilidad de los problemas de orden público no ha sido del Ayuntamiento de Cádiz ni de la Policía Local, sino de la Junta de Andalucía y del SAS”, puntualizan fuentes municipales.
Asimismo, el Consistorio subraya que en este periodo se ha puesto de relieve su “buena voluntad” y añade que si ha prestado esta labor ha sido “por las personas que lo necesitan” y “no gracias a Hipólito García”. Por ello, a juicio del equipo de Gobierno, el delegado debería “dar las gracias a la Policía Local por estos doce años de servicio”.
Y le culpa de lo que ocurra a partir de ahora por no haber contratado seguridad privada. De esta forma, recuerda que cuando la Policía Nacional dejó de realizar esta tarea por las tardes, en enero de 2005, García no criticó a la Subdelegación de Gobierno ni le achacó responsabilidad alguna, sino que “acató sumisamente” la decisión y contrató seguridad privada por las tardes para cubrir la ausencia de estos agentes.
Un acuerdo “inasumible”
En cuanto al acuerdo de 2005 entre la Junta y el Ayuntamiento, éste asegura que se ofreció a conveniar el servicio, de acuerdo a la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, que en su título IV, relativo a las funciones y actuaciones supramunicipales, dice en el artículo 56: “previo convenio entre la Administración de la Junta de Andalucía y los municipios, contemplando expresamente las compensaciones económicas, se podrán ejercer en el término municipal otras funciones de la Policía Local como velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas por los órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma y de sus entes instrumentales, garantizando el normal funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de los usuarios de sus servicios”.
Así, puntualiza que el Consistorio elaboró una propuesta para conveniar el reparto de la metadona, en el que ambas partes aportarían cuantías económicas, siendo la suma a aportar por la Administración regional mayor.
“Pero la Junta, en vez de aceptar este acuerdo, nos remitió un borrador de convenio infravalorado económicamente, pues sólo pretendía aportar 30.000 euros”, indica el Gobierno local. De ahí que declinase la rúbrica, argumentando que era “del todo inasumible por nuestra parte”, e incluso delegaba al Consistorio las labores de información, prevención y formación de jóvenes en materia de educación sexual, prevención de embarazos no deseados y hasta la deshabituación del tabaquismo.